Esta aprobación recibió el rechazo de organizaciones que están a favor de la despenalización del aborto, quienes anunciaron que promoverán una acción de inconstitucionalidad debido a que dicha reforma, la cual fue aprobada en una primera vuelta en 2014, no fue tocada en un periodo de seis meses, por lo que debió ser archivada por la Oficialía Mayor del Congreso.
En lo que la Suprema Corte resuelve si la reforma es inválida las organizaciones aseguran que esta medida pone en riesgo la promulgación de alguna ley como la que se tiene en la Ciudad de México, por lo que consideran que la modificación al artículo es en realidad una estrategia para que en caso de presentarse una iniciativa para la legalización de la interrupción del embarazo, ésta puede ser rechazada por ser anticonstitucional.
A pesar de los cambios realizados en la reforma, ésta no es un obstáculo para que las mujeres en Nuevo León tengan acceso al aborto legal, sólo si cumplen con alguna de las siguientes causales: peligra su vida, es producto de una violación o pone en riesgo la salud de la mujer.
Leyes que vulneran los derechos de la mujer
De acuerdo con los colectivos a favor de los derechos de la mujer, este tipo de reformas no son construidas para proteger la integridad de la mujer, sino para promover el miedo y la culpa en quienes están viviendo un momento difícil.
El caso de Nuevo León no es el único, en otros 18 estados (Baja California, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán) hay reformas que tienen una redacción similar donde un individuo es considerado como tal desde el momento en el que es concebido.
Este tipo de acciones generar desinformación en las mujeres y muchas de ellas temen acceder a un aborto seguro, aún cuando su situación sea una de las causales legales por las que el estado tendría la obligación de realizar la interrupción del embarazo. La desinformación y confusión son los principales problemas que obstaculizan el aborto legal.